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26 enero 2016 2 26 /01 /enero /2016 12:26
¡¡Gentuza!!
¡¡Gentuza!!

La Guardia Civil mantiene detenido en su casa al ex alcalde de Xàtiva con el fiscal Anticorrupción y agentes de la UCO

Se investiga una presunta red internacional de pago de comisiones y blanqueo de capitales

¡¡Son gentuza!!
¡¡Son gentuza!!

El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Guardia Civil están llevando a cabo una operación contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos -incluido el de Valencia-, la Generalitat y la Diputación de Valencia. Hasta el momento se han producido decenas de detenciones y nueve registros que se están practicando de forma simultánea. Entre los detenidos está el ex presidente del PP en la provincia de Valencia y de la Diputación, Alfonso Rus, así como algunos de sus más cercanos colaboradores, como Emilio Llopis, ex alcalde de Genovés y mano derecha de Rus en la corporación valenciana.Rus está detenido en su domicilio en compañía del Fiscal Anticorrupción y de antes de la UCO. También hay agentes en una de sus empresas, una fábrica de muebles . Al también ex alcalde de Xàtiva se le considera el epicentro de la trama.

El fiscal Anticorrupción se encuentra en la casa de Alfonso Rus.

La UCO también ha entrado las oficinas del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, donde los trabajadores están retenidos en una sala mientras se produce el registro. Además, ha sido detenida su secretaria, Mari Carmen García Fuster y la ex concejal popular María José Alcón, esposa del vicealcalde Alfonso Grau, juzgado por el caso Nóos.Otro de los lugares donde la Guardia Civil está practicando registros es el campo de La Murta, del Olimpic de Xàtiva, club de fútbol del que Rus fue presidente hasta el pasado mes de mayo.En Valencia, desde primera hora hay agentes en la sede Ciegsa, la empresa pública encargada de la construcción de colegios que fue dirigida durante años por Máximo Caturla, ex vicepresidente de la Diputación. La Intervención de la Generalitat ha detectado sobrecostes por más de 1.000 millones. También se busca documentación en Engloba, una empresa de comunicación.La investigación apunta directamente a la gestión de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá -en la actualidad senadora territorial- o al ex presidente de la Diputación y del PP en esta provincia, Alfonso Rus, retirado de la política. También al ex conseller Gerardo Camps, en la actualidad diputado nacional del PP en el Congreso; o al ex diputado regional del PP, David Serra. Se investiga una presunta red internacional de pago de comisiones, organizada y jerarquizada, que mordía de contratos públicos revistiendo de legalidad numerosas adjudicaciones millonarias.

La Guardia Civil se encuentra en la sede de Ciegsa, donde se está procediendo a su registro.

Según la información de la que dispone EL MUNDO, el juzgado también investiga presunta financiación ilegal del PP en Valencia. Al parecer, esta red se habría camuflado entre las administraciones aprovechando que durante años el foco mediático estuvo en Gürtel. Pasó inadvertida. Se investiga, además, si dirigentes locales del PP de Valencia cometieron un presunto delito de blanqueo de capitales.En los registros están participando, además de los agentes de la Guardia Civil, dos de los tres delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia, los fiscales Pablo Ponce y Vicente Torres.

Según estas fuentes, no se descartan más detenciones en los próximas horas. Incluso algunos registros podrían durar hasta 48 horas. La operación la dirige el juzgado de Instrucción 18 de Valencia pero participan otros ocho juzgados más por la gravedad de los delitos que se investigan. Desde las nueve de la mañana nueve secretarios judiciales están desplegados por varios puntos de la Comunidad.Todos los ex cargos públicos o empresarios arrestados están vinculados a la Generalitat, la Diputación o el Ayuntamiento de Valencia. Según esta información, algunos de los detenidos también están relacionados e investigados -término que sustituye al de imputado- en otras causas abiertas por corrupción.

La Fiscalía lleva desde julio de 2014 investigando estos hechos y la UCO se incorporó al caso en en noviembre de ese año. En abril de 2015 Anticorrupción elevó la denuncia a un juzgado y el magistrado Víctor Gómez, titular del juzgado número 18, asumió las pesquisas. En todo este tiempo los investigadores han contado con la colaboración de Marcos Benavent, el comisionista confeso y ex gerente de Imelsa, empresa pública de la Diputación y uno de los puntos de partida de la trama.Benavent ha aportado abundante documentación a la causa y ha confesado multitud de delitos a cambio de una reducción de su pena. En todo este momento ha estado aislado y en permanente contacto con la Guardia Civil. En total ha declarado más de 30 horas ante la Guardia Civil.El origenEn el origen de la operación se encuentran las más de 10 horas de grabaciones que la diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez, entregó a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Los audios los registró durante años Marcos Benvanet y en ellos aparecerían multitud de cargos públicos contando billetes que podrían proceder del pago de comisiones. Incluso en una de ellas se escucha con claridad a Alfonso Rus contando billetes junto a Benavent.También aparecen ex diputados regionales como David Serra, procesado en Gürtel, o ex cargos de la Diputación como Máximo Caturla.Se investiga el supuesto amaño de macrocontratos de la Diputación como el plan provincial de leds (32 millones), el de césped artificial -cuyo gran beneficiado fue el actual propietario de la sede central del PP en la Comunidad, en la calle Quart de Valencia- o contrataciones de Imelsa.Los proyectos bajo sospecha en el Ayuntamiento de Valencia son el de la reforma de las Torres de Quart, la Mostra de Cine -uno de los contratistas era el sobrino de Barberá, Enrique Sopedra Barberá-, o la reforma del puente de Serranos.

También la adjudicación del espacio cultural de La Rambleta.

En todos estos proyectos ha participado la ex concejal de Cultura, María José Alcón, investigada por otro juzgado por presuntos delitos fiscales.

Alcón estuvo casada con Vicente Burgos, ex gerente de la Fundación Jaume II El Just. Burgos fichó a Benavent y le abrieron las puertas del Ayuntamiento. La actual pareja de Alcón es Alfonso Grau, ex alcalde procesado en Nóos por los pagos a Iñaki Urdangarin.Alcón es una de las claves del caso.

En 2011 perdió su acta de concejal pero en la anterior legislatura ejerció de asesora de la ex alcaldesa de Valencia. Alcón ocupaba el número 16 de la lista del PP en las municipales para Valencia pero renunció a su puesto tras publicarse parte de las comprometidas grabaciones.

¡¡Gentuza"
¡¡Gentuza"

"Tenemos cosas entre manos, La Rambleta está a puntito de caramelo"

Así es como la trama de comisiones que salto desde la Diputación de Valencia a otras administraciones, como el Ayuntamiento que dirigía Rita Barberá, se refería a los contratos públicos que al parecer tenían que cocinar para dárselo a empresas determinadas que más tarde pasarían por caja, bien la personal o bien la del partido.La Rambleta es sin duda una de las claves de la investigación cuya primera fase se ha desarrollado en el día de hoy. Su adjudicación está contaminada. Los administradores siempre han negado cualquier vinculación con la red de Marcos Benavent pero lo cierto es que de las diligencias practicadas se desprenden la comisión de presuntos delitos continuados de corrupción.El contrato de la Rambleta supone un coste de 60 millones por el canon de 3 millones anuales que el consistorio paga a la empresa durante 20 años. Era la primera vez que en un mismo concurso se contrataba construcción y gestión, con la novedad de que se privatizaba y era el Ayuntamiento el que tenía que pagar un canon a la constructora cuando habitualmente es al revés.La empresa adjudicataria, Bulevar del Arte y la Cultura, está participada, entre otras, por grupo Ortiz, Secopsa, Cyes y ha sufrido distintos cambios de su accionariado.Las conversaciones incluidas en el sumario, y ratificadas ante el juez por Marcos Benavent, recogen varias referencias a La Rambleta. Una de esas conversaciones se registró el 24 marzo de 2006 y aparece Benavent junto a María José Alcón, ex concejal de Cultura responsable de la adjudicación. Según la información que está en poder de EL MUNDO, Alcón le comenta a Benavante: "Oye, tenemos muchas cosas entre manos, La Rambleta está apuntito de caramelo a favor de esta gente".A continuación analizan la estrategia a seguir para conseguir el mejor resultado posible pues una de las empresas fanfarroneaba que el concurso sería suyo. Parecen preocupados, quieren buscar una manera de recordarle quien decide en última instancia, aunque sea esa empresa la elegida. Destacan que es un negocio de 60 millones de euros a 20 años vista. "La Rambleta que no se nos escape. Que eso no tiene nada que ver con Las Torres (de Quart) ni con nada", se escucha en otro momento.Cuando este periódico publicó la posible contaminación del contrato, BAC -concesionaria del espacio cultural de La Rambleta, en el que participa la agencia de comunicación Engloba- aclaró que la concesión para la construcción y la gestión no es de un canon anual de 3 millones de euros más el coste de la obra (cifrado en 14 millones euros), sino únicamente de un canon anual de 2.198.275.86 euros sin IVA. De estos, 711.000 en el año 2014 se han destinado a la explotación y gestión del centro. "El resto del importe del canon anual se destina a la amortización y pago del coste de la obra, gastos financieros, intereses y reposición del edificio", aseguraron al tiempo que insisten en que sus cuentas "son públicas y están depositadas en el Registro Mercantil a disposición de cualquier ciudadano". demás, explicaron que en "ningún momento ha habido pago de ningún tipo para la obtención de la concesión".

¡¡Son gentuza!!
¡¡Son gentuza!!

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es

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