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4 julio 2013 4 04 /07 /julio /2013 08:42
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PP, PSOE, IU, CIU, PNV, UGT, CCOO... Mas de 30 años robando impunemente, algo que han negado sistematicamente, no solo estas organizaciones creadas para el delito sino sus sicarios situados hábilmente en todos los medios de comunicacón. Tertulieros, directores de emisoras de Radio y Televisión, prensa escrita, papel e internet. En fin, la Dictadura perfecta. Que asco.
El periódico de Unidad Editorial ha publicado este martes una noticia en la que se afirmaba que "la Comunidad de Madrid pagó gastos del PP, según Hacienda". Se trataría de una conducta irregular que desde El Mundo atribuyen al exviceconsejero López Viejo, que fue destituido de todos sus cargos por Esperanza Aguirre al poco de estallar el escándalo Gürtel.
Sin embargo, el PP de la Comunidad de Madrid ha tardado sólo unas horas en desmentir la información, y lo ha hecho a través de un comunicado en el que asegura que la CAM "no ha pagado gastos de partido".
El desmentido asegura que "los gastos que atribuye el diario El Mundo como actos del PP corresponden a gastos institucionales de la Comunidad de Madrid" y que tampoco la Agencia Tributaria asegura que actos como "toma de posesión" o "seguimiento electoral" sean "actos de partido" sino que son "institucionales". ja ja ja
Desmentido también de Aguirre
La propia presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha hecho público también un comunicado desmintiendo la información, en el que señala que los actos en cuestión fueron "la noche electoral para todos los medios de comunicación que seguían las Elecciones hasta el montaje de la toma de posesión de la presidenta electa y la del gobierno".
Aguirre admite que "es verdad que, según están demostrando las investigaciones judiciales en marcha, algunos altos responsables de la Comunidad de entonces utilizaron las atribuciones de sus cargos para su provecho propio" pero recuerda que "ante los primeros indicios de sus actuaciones delictivas y antes de que siquiera fueran imputados, todos ellos fueron separados de sus cargos".
Además, la presidenta de los populares madrileños advierte que ninguno de aquellos altos cargos "tuvo nada que ver con la organización de la campaña del Partido Popular de Madrid".
Finalmente, Aguirre lamenta que nadie de El Mundo se haya puesto en contacto con el partido para contrastar la información "en contra de lo que es norma habitual en el periodismo de investigación en el que ese periódico [por El Mundo] ha prestado grandes servicios a la sociedad española".
"El deseo de limpiar de corruptos la escena política española de hoy –concluye Aguirre- no puede llevarnos a lanzar acusaciones sin contrastar todas las fuentes implicadas".
 
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Magdalena Álvarez, imputada junto con otros veinte cargos socialistas por la juez Alaya
 
La juez Mercedes Alaya ha imputado en el caso de los ERE fraudulentos a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, que fue consejera andaluza de Economía durante diez años, y a una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el ex interventor general Manuel Gómez Martínez. En un auto judicial comunicado hoy a las partes, al que ha tenido acceso Efe, la juez señala que la exministra fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo "absolutamente inadecuado".

Las transferencias de financiación son "una figura absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales", como recoge el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, subraya la juez. Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones desde junio de 2010, Álvarez fue ministra de Fomento en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009 y consejera andaluza de Hacienda en el Ejecutivo de Manuel Chaves entre 1994 y 2004.
Por el mismo motivo que a la exministra, la magistrada imputa a José Salgueiro, viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 hasta 2004.
Imputado Antonio Lozano


También imputa al actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, porque como director general de Presupuestos de la Junta entre 2002 y 2009 tuvo "una importante intervención" en las modificaciones presupuestarias y en los presupuestos, que recogían transferencias de financiación como crédito presupuestario para las subvenciones sociolaborales del programa 31L, conocido como "fondo de reptiles", informa Efe. La juez destaca que estas prácticas permitían "la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora" y sin la fiscalización previa de la Intervención, y por ello también imputa al sucesor de Lozano, Buenaventura Aguilera Díaz.

Alaya considera que "ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas" que, por sus competencias, "habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación" y el "dispendio continuado de fondos públicos". Los nuevos imputados en el caso empezarán a declarar ante la juez el 25 de julio, y el primero de ellos será el ex interventor general de la Junta.
Secretaría general de Hacienda


Durante la época de Álvarez se creó en la Consejería la Secretaría General de Hacienda, al frente de la cual se nombró a Antonio Estepa Giménez, que ha sido imputado. Entre los imputados se incluyen los secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2012: Juan Francisco Sánchez García, que comenzó el uso de las transferencias para pagar subvenciones; Javier Aguado Hinojal (2004-2008) y Lourdes Medina Varo (2008-2012).

Además, se imputa al exviceconsejero de Empleo entre 2010 y 2012 Justo Mañas y al interventor delegado en Empleo desde 2008, Juan Luque. La juez imputa a los exviceconsejeros de Innovación Gonzalo Suárez y Jesús María Rodríguez Román; a los directores generales de IFA o IDEA (organismo que sustituye al anterior) Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde, Antonio Lara y Francisco Mencía, y a los directores de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela.

En el auto, Alaya cita como imputado al abogado Carlos Leal Bonmati, que dirige el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís y es el último de los imputados en la Operación Heracles de la Guardia Civil que aún no había comparecido.
 
Esto es España. No solo roban impunemente politicos-fecales, sindicaleros, ladrilleros, estraperlistas-banqueros, lo peor de todo es que jueces y fiscales se han convertido en manporreros del Sistema. Con una sola escepción: Mercedes Alaya.
 
Si votamos los legitimamos. No votar o votar en blanco.
 
Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es
 
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