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A finales de este mes de junio la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF) entregaba al fiscal Daniel Campos, de la Audiencia Nacional, el segundo informe de una operación, llamada Operación Parqué. Una operación que, a nivel judicial se había abierto un año antes con la presentación de un primer informe, pero en el que la UDEF trabajaba desde que en 2012 se presentó ante ellos una demanda de una empresa afectada, Dracon Partners.

Francisco Medina lo cuenta en El Plural

En fuentes que conocen la investigación de primera mano, estos informes que la UDEF ha entregado a Anticorrupción ofrecen de manera detallada un relato indiciario de lo que sería la existencia en la alta dirección de la CNMV de una trama delictiva. En este relato se apuntan pruebas que en la UDEF consideran sólidas de prevaricación, falsedad documental, infidelidad en custodia de documentos, extorsión y amenazas e indicios de cohecho, que afectarían a varios directivos que están al frente, en algún caso desde su creación en 1989, de diversos departamentos del regulador bursátil.

El segundo informe de la UDEF presentado al inicio de este verano, más de 80 páginas que se apoyan en miles de folios anexos resultado de las investigaciones, viene a corroborar la idea, apuntada ya en sus primeras conclusiones, en el sentido de que el comportamiento de estos directivos de la CNMV se integra en la definición de banda criminal organizada, ya que se comprueba la existencia de confluencia de personas que se complementan y necesitan mutuamente para cometer actos ilícitos, que tienen una estructura jerárquica en la que se ha establecido una división de funciones y especialización de los diferentes miembros y que se rige por una serie de normas y códigos de actuación. Todo esto, además, mantenido en el tiempo.

La gravedad del asunto es tal que, nos dicen, la cautela procesal con la que se mueve el fiscal, aunque la UDEF le eligió para presentarle el caso a él por la confianza absoluta en su integridad y decisión, está siendo proverbial, y a pesar de la duración que lleva la investigación, ya más de cuatro años, sigue sin judicializarse. De momento, y tras la presentación del segundo informe, el fiscal Campos lo que ha hecho ha sido mantener abierta la investigación otros seis meses, hasta finales de noviembre, para que puedan seguir investigando los policías judiciales.

Judicializar el caso significaría un salto adelante

Básicamente ante la dificultad que a veces conlleva que los delitos de prevaricación puedan sacarse adelante como casos penales, lo que busca la investigación en ese tiempo debe ser dar cuerpo a los posibles delitos de cohecho de los que tiene ahora indicios, en algún caso sólido. El problema para los investigadores es que para dar un empujón a esta investigación sería preciso que el fiscal pasara a un juez la investigación. Es decir, el proceso se judicializara, ya que determinadas pruebas y acciones sólo pueden ponerse en práctica cuando hay una orden de un juez. 

La fiscalía no está autorizada, por ejemplo, para permitir pinchazos telefónicos o informáticos, o solicitar determinadas acciones bancarias.

Este paso además resulta especialmente necesario en este caso, según nos cuentan, dados los altos conocimientos financieros de los investigados, lo que hace especialmente sofisticada su capacidad para el posible manejo de dinero en los mercados y entidades bancarias tanto nacionales como internacionales. Un paso que el fiscal Campos aún se ha resistido a dar pese a los informes que tiene sobre la mesa.

En estos informes se recogen lo que por parte policial se considera pruebas contundentes de amenazas y extorsiones a entidades bursátiles reguladas, pero incómodas por diversas causas, hasta sacarlas del mercado forzándolas a devolver licencias o entregar listados de clientes a otras empresas supuestamente de alguna manera afines o preferidas por los directivos de la CNMV objeto de la investigación de la policía judicial.

 La UDEF cuenta con denuncias de contenido muy similar de cuatro diferentes empresas, pero además ha detectado otros casos, hasta una decena, de empresas que habrían sido tratadas de la misma manera por quienes la policía judicial, como decimos, considera indiciariamente víctimas de la banda criminal organizada que funcionaría en el interior de la CNMV, pero que ante el temor de represalias y campañas de desprestigio habrían cedido ante las presiones y no se atreverían, al menos de momento, a presentar demanda.

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es

Esto ha sido provocado, con toda seguridad, por la accesibilidad a los datos de los titulares que ha logrado tener Hacienda tras la firma de los últimos acuerdos para combatir el fraude fiscal y la declaración del Modelo 720.

Fuentes de la Agencia Tributaria explicaban este viernes que, mientras la evolución de los saldos patrimoniales viene marcada, en el caso de algunos países, por operaciones societarias concretas y dinámicas generales de inversión, como el descenso de las acciones en Holanda y el aumento de los fondos en Luxemburgo, en otros supuestos se aprecia el paulatino proceso de afloramiento de bases imponibles.

Más de un tercio del total

Mientras, más de un tercio del saldo global declarado en 2015 se concentra en Suiza -casi 20.200 millones- y Luxemburgo -13.500 millones-. Por tipos de bienes, en acciones y cuentas destaca también Suiza, con 7.400 millones y 5.900 millones, respectivamente, con un trasvase de importes declarados entre ambas categorías.

Con respecto al resto de categorías de bienes y derechos, en los fondos más del 70 por ciento del total se corresponde con Luxemburgo (8.100 millones) y Suiza (6.300 millones). Luxemburgo es también el primer país en cuanto al saldo de seguros (1.300 millones), mientras que en inmuebles, los mayores importes están en Francia y Reino Unido, con cerca de 2.000 millones en ambos casos.

Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, sobre los bienes declarados por los residentes españoles entre 2012 y 2015, a través del Modelo 720, el valor de los datos depurados en función de las modificaciones y cancelaciones sobre las que informan los contribuyentes en el modelo, ha crecido en 6.700 millones de euros, hasta superar los 97.700 millones. El importe total de los bienes y derechos declarados por primera vez hasta ahora supera los 141.000 millones.

El saldo total de 97.700 millones de 2015 se desglosa en casi 44.000 millones en valores y derechos (acciones), más de 20.200 millones en fondos, más de 18.300 millones en cuentas bancarias y de crédito, 11.600 millones en inmuebles y 3.600 millones en seguros.

Trasvase de importes

Entre 2012, primer año sobre el que era exigible la declaración, y 2015, resulta notable el trasvase de importes declarados entre dos categorías de bienes y derechos: las cuentas y las acciones. Así, mientras el importe de las primeras aumenta en más de 3.300 millones de euros, el de los valores se reduce en más de 2.200 millones.

Esta evolución está fuertemente vinculada con la necesidad de transparentar titularidades que exigía la Declaración Tributaria Especial, de manera que el verdadero titular de los bienes y derechos presentase la DTE y que asumiera también la titularidad jurídica de los mismos. Como resultado de ello, en los modelos 720 los contribuyentes han ido reflejando la cancelación de participaciones en sociedades y estructuras interpuestas y la paralela incorporación de patrimonios en cuentas a su nombre.

Por otra parte, entre 2012 y 2015 el saldo de los fondos ha crecido en más de 3.000 millones, en 2.200 millones el importe declarado por inmuebles y en 380 millones el valor de los seguros y rentas vitalicias.

La base imponible declarada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2014 por los presentadores de 720 ya era un 9,4 por ciento superior a la del IRPF de 2010, y su cuota íntegra había aumentado un 23,8 por ciento, frente a los descensos registrados en las bases y cuotas del conjunto de los declarantes de IRPF.

El caso de Azerbaiyán

Un caso que resulta interesante es el de las inversiones en Azerbaiyán, que gracias a la estabilidad política y el desarrollo económico ha aumentado notablemente el interés del capital foráneo, así como las medidas de protección de los derechos de los inversores.

Sólo en 2014, el valor de la inversión extranjera directas recibida superó los 10.000 millones y fue especialmente significativo el hecho de que la mitad de la misma se dirigiera a sectores no petroleros.

Fruto de esta situación, se puede observar la importante inversión inmobiliaria y en derechos reales que ha experimentado España, con un patrimonio declarado a través del Modelo 720 en 2012 de 1,7 millones de euros frente a los 107 millones de euros correspondientes al ejercicio de 2015.

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es

Los principales programas de armamento suman sobrecostes por 3.330 millones de euracos ¿Manirrotos o maleantes?

Los Programas Especiales de Armamento, conocidos por sus siglas PEAs, son el auténtico agujero en el bolsillo del Ministerio de Defensa. Los seis principales proyectos militares adquiridos por la cartera que dirige en funciones Pedro Morenés ya suman más de 3.300 millones de euros en sobrecostes.

La titánica cifra supone un alza del 16% sobre los 20.746 millones de euros aprobados inicialmente. El Ejecutivo de José María Aznar inició a finales de los años 90 la adquisición de armamento para modernizar las Fuerzas Armadas y actualmente el Gobierno tiene el compromiso de compra de 21 programas de armamento que supone un coste estimado total para las arcas estatales de 30.000 millones de euros a pagar hasta 2030, según datos del propio Ministerio de Defensa.

El Tribunal de Cuentas ha criticado en su informe sobre la financiación de estos programas la opacidad informativa al respecto. La entidad que preside Ramón Álvarez de Miranda diferencia entre los programas de gestión internacional (el caza EF-200, el avión A400M y el helicóptero Tigre) y los de gestión nacional (el buque de acción marítima BAM, el helicóptero NH-90 y el carro de combate Leopardo), pero ninguno se salva.

El Tribunal denuncia sobrecostes, retrasos en la entregas, sobrefinanciación a la industria de armamento y falta de penalizaciones. Al respecto, el Ministerio defiende la necesidad de alimentar a la industria militar que proporciona "20.000 puestos de trabajo tan importantes en la situación actual del país".

Caza Eurofighter

España ha recibido 59 cazas Eurofighter en los últimos doce años, aunque mantiene doce de ellos sin recepcionar y por tanto almacenados en la base aérea de Albacete. Ésta es una de las conclusiones que señala el Tribunal de Cuentas en su informe sobre los programas de armamento. El Ministerio de Defensa ha evitado en los últimos años recibir los cazas que salen de la fábrica de Airbus en Getafe "para evitar su reflejo en la contabilidad nacional en atención a los márgenes de déficit público".

De este modo, los aviones que salen de la línea de producción de la factoría pasan a ser propiedad de NEFMO (Organización de gestión del Eurofighter en sus siglas en inglés) por de tres años. No recepcionar el avión no significa no pagar el programa, sólo implica no encargarse del mantenimiento. España se adhirió al proyecto a finales de los noventa con la intención de adquirir 87 naves por 7.445 millones de euros. Tras varias modificaciones en el plan, finalmente el Ejecutivo español compró 73 naves por 12.843 millones. En otras palabras, Defensa pagará 1.412 millones más de lo previsto por 13 cazas menos.

Avión A400M

España se adhirió en 2004 al programa desarrollado por Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Bélgica para la fabricación desde cero del avión de transporte A400M. Poco después lo hizo Turquía. Las siete naciones promotoras del proyecto adquirieron 180 naves, de las que 27 correspondían a España. Tras la reestructuración del programa en 2011, Alemania y Reino Unido recortaron sus pedidos en siete y tres aviones respectivamente, mientras que el Gobierno de Zapatero siguió adelante con las 27 unidades. El coste inicial del proyecto para España se evaluó en 4.442 millones, pero tras varias modificaciones se elevó un 13% hasta los 5.019 millones.

Bajo la dirección de Pedro Morenés, Defensa negocia con Airbus la compra de las 27 unidades, aunque con la intención de que 13 de ellas no sean operativas y rebajar en 1.100 millones el coste del programa. La intención del Ministerio, según el Tribunal de Cuentas, pasa por vender en un futuro "parte" de los 13 aviones no militares.

Helicóptero NH-90

El caso de los helicópteros NH-90, un programa de gestión nacional, es muy similar al de los Eurofighter: pagar más por menos. España adquirió 45 helicópteros en el año 2006 a un coste de 1.260 millones.

Sin embargo, las 45 unidades adquiridas era no operativas. En una modificación de 2010, Defensa decidió rebajar de 45 a 22 el número de pedidos, pero ya operativos y con apoyo logístico. Es coste se elevó 422,4 millones más, hasta los 1.682,4 millones de euros.

Helicóptero Tigre

Los helicópteros Tigre son planes de gestión internacional iniciados por Francia y Alemania en 1999. España se comprometió en 2003 a comprar 24 naves por 1.353 millones de euros. De esas 24 unidades, seis serían versión HAP (Helicóptero de Apoyo y Protección) con el compromiso de transformarlos posteriormente en versión HAD (Helicóptero de Apoyo y Destrucción) y los otros 18, serían directamente HAD.

Defensa recibió en 2013 las seis naves HAP, y tan sólo un año después anuló su reconversión en HAD con el objetivo de "ajustar el techo de gasto", según explica el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización. A pesar de intentar delimitar el presupuesto a base de incumplir los acuerdos iniciales, el coste final del programa se elevó igualmente un 12% hasta los 1.515 millones de euros.

Carro Leopardo

5 En 1998, el Consejo de Ministros autorizó la adquisición de 219 Carros de Combate Leopardo 2E y 16 Carros de recuperación por 1.909 millones de euros. Casi dos décadas después, el programa casi ha finalizado con un sobrecoste de 599 millones. Tras siete modificaciones, que implican cambios en el diseño de los tanques, retrasos en las entregas y alzas del IVA, el importe del contrato se elevó a los 2.508 millones, monto que incluye un exceso de financiación de 18,8 millones.

Esta cifra coincide con la del contrato firmado entre la multinacional que fabricó los Leopardo y el Ejercito de Tierra que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales anuló el 24 de junio. La devolución de los 18,8 millones está en el aire porque forma parte de una adenda que en negociación. El Tribunal critica que el ministerio haya asumido "extracostes" que, en algunos casos, no le correspondían.

A su vez, el organismo señala varias irregularidades. Por ejemplo, el acuerdo inicial se firmó con la Empresa Nacional Santa Bárbara, que a lo largo de la vigencia del contrato se privatizó y se convirtió en GDSBS. La ley obligaba a liquidar el acuerdo inicial y firmar uno nuevo, algo que no se hizo ya que el inicial contiene "un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que el que le hubiera correspondido si se le hubiera aplicado la normativa general".

Buque BAM

La compra de los cuatro buques de acción marítima (BAM) ha tropezado con los sobrecostes, los retrasos y la falta de penalizaciones. El presupuesto inicial del programa, adjudicado a Navantia, era de 352 millones de euros, una cifra que, tras varias modificaciones que incluyen una rebaja del coste en 2010, se ha elevado a 509,9 millones.

El incremento se explica por las revisiones de precios, desviación del seguro, ampliación de los plazos de pago y otras necesidades como la compra repuestos o pertrechos. El programa no incluye penalidades pese a los retrasos: los expedientes se paralizaron sin "causa justificada".

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es

Alberto Ortín lo cuenta en Vozpópuli

El grupo ACS, a través de su fundación, entregó el pasado año 100.000 euros a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por José María Aznar, y otros 100.000 euros a la Fundación Pablo Iglesias, ligada al PSOE y presidida por Alfonso Guerra.

Las donaciones a las fundaciones del PP y del PSOE se alejan de los fines y objetivos de la fundación de la constructora española. Fundación ACS, presidida por Florentino Pérez, de acuerdo a sus estatutos, tiene como fines la promoción y desarrollo de actividades culturales, científicas, relacionadas con la enseñanza, la investigación, la educación, así como la conservación y restauración del patrimonio artístico español. ACS es el grupo empresarial que más obra pública se adjudica en España año tras año. 

El viernes por la mañana Vozpópuli contactó con la fundación de la multinacional española para preguntar por el motivo de la donación realizada el pasado año a FAES y a la Fundación Pablo Iglesias -las dos fundaciones políticas que más subvenciones estatales reciben cada año-; si los fines marcados por sus estatutos justifican los 100.000 euros entregados a cada una de ellas; y si en años anteriores se habían realizado donaciones similares a ambas fundaciones. Fundación ACS derivó la cuestión a la compañía ACS, a la que se le envió un correo electrónico planteando el asunto, que no fue contestado.

La fundación de ACS ha apoyado financieramente a FAES otros años

Vozpópuli también contactó el viernes con FAES y con la Fundación Pablo Iglesias. La fundación del PP indicó a través de su gabinete de comunicación que debía ser el donante, ACS, quien comentara la entrega realizada, y subrayó que FAES es "súper escrupulosa con la información económica", y que informa anualmente sobre sus cuentas. ja ja ja

La fundación del PSOE no quiso hacer comentarios.

La Fundación ACS repartió el pasado año 3,8 millones de euros entre diferentes asociaciones, organizaciones no gubernamentales, y fundaciones. Según las cuentas de 2015 de la fundación presidida por Florentino Pérez, a las que ha accedido Vozpópuli, los 100.000 euros entregados a FAES son "para el cumplimiento de sus propios fines", y enmarca la actuación en el apoyo a la investigación. Los mismos motivos alude ACS para justificar los 100.000 euros dados a la Fundación Pablo Iglesias.

En su web la Fundación ACS ofrece un listado incompleto de las asociaciones y fundaciones a las que efectúa cada año determinadas donaciones. La fundación no informa en su página de internet sobre las cantidades entregadas a cada organización. En el listado de 2015, por ejemplo, no aparece FAES, y sí la Fundación Pablo Iglesias. FAES aparece como receptor de otra donación de la Fundación ACS en el año 2013, y también en 2010, pero sin especificar la cantidad entregada.

La fiscalización de las cuentas de las fundaciones ligadas a partidos políticos corresponde al Tribunal de Cuentas. La Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, establece que los partidos "no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de personas físicas que, en ejercicio de una actividad económica o profesional, sean parte de un contrato vigente de los previstos en la legislación de contratos del sector público", pero no hace la misma referencia al caso de donaciones de fundaciones.

En la web de la Fundación ACS aparece en el listado de actuaciones del año 2009, y también del año 2008, una donación, no cuantificada, a la Fundación Privada CatDem Trias Fargas. Dicha fundación, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya, ha sido investigada por supuestamente ser empleada para financiar de forma irregular al partido de Artur Mas (El Mundo, septiembre de 2015). En agosto de 2015 la sede de Catdem fue registrada por la Guardia Civil que investigaba si la fundación fue beneficiaria de donaciones de constructoras que habrían pagado comisiones del 3% a cambio de obra pública (ABC, agosto de 2015).

Un mes antes de que la Guardia Civil entrara en las oficinas de CatDem, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, planteó que Antifraude pudiera controlar la financiación de las fundaciones de los partidos políticos. "El problema es que la fundación sí que puede recibir donaciones anónimas, sin límites, de personas jurídicas. No se puede hacer con el partido, pero sí a la fundación. Aquí es donde radica el problema", declaró De Alfonso, recientemente destituido de su cargo tras revelarse el contenido de sus conversaciones grabadas con el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, en las que aparentemente ambos conspiraban para airear en la prensa supuestos casos de corrupción en Cataluña.

Mujeres por África

En 2015 la Fundación ACS entregó a la organización no gubernamental Mujeres por África, fundada y presidida por la vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, 150.000 euros. La asociación ha recibido otros años otras subvenciones de ACS. Florentino Pérez forma parte del patronato de Mujeres por África, junto a otros destacados empresarios españoles, como Ana Botín (Santander), Esther Alcocer Koplowitz (FCC), Borja Prado (Endesa), o Dimas Gimeno (El Corte Inglés).

Otra de las asociaciones con fines políticos a la que la Fundación ACS ha patrocinado año tras año es el Club de Madrid, dedicada a la organización de congresos y reuniones para impulsar el sistema democrático. En 2015 recibió de ACS 88.000 euros. La fundación presidida por el presidente del Real Madrid también aportó dinero a la Fundación Transición Política Española, y a la fundación sindical Anastasio de Gracia Fitel.

La Fundación ACS fue constituida en 2001, como Fundación Dragados, y en 2004 cambió su nombre a su denominación social actual tras la fusión de Dragados y ACS. A 31 de diciembre de 2015 la fundación mantenía dos cuentas corrientes, en Santander y Banca March, con 61.043 euros y 644.640 euros, respectivamente.

Sencillamente gentuza

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados- el órgano de dirección hasta que mañana se formen las nuevas Cortes- ha negado así la identificación de los parlamentarios que dispusieron de tarjeta taxi, teléfono móvil, tableta, línea de datos o ADSL en su hogar a cargo de la Cámara en la pasada legislatura. 

Tampoco ha querido facilitar las retribuciones de los asistentes o asesores nombrados por los diputados o los grupos parlamentarios.

La Mesa, compuesta por los socialistas Patxi López y Micaela Navarro, las popularesCelia Villalobos y Alicia Sánchez-Camacho y el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes, ha rechazado cuatro recursos presentados por EL MUNDO contra diferentes resoluciones de la Secretaría General (órgano técnico y administrativo del Congreso), que denegó los datos en primera instancia porque afectaban a la intimidad o seguridad de los legisladores ja ja ja.

En su reunión del pasado 28 de junio, las cinco señorías acordaron que «los nombres y apellidos de los diputados que hacen uso de la tarjeta taxi» o de los dispositivos electrónicos «constituyen un dato personal» y decidieron que debe prevalecer «la protección del dato personal frente al derecho de acceso a la información».

Ante las alegaciones de este diario de que se trata de medios pagados por el erario a representantes públicos, mantuvieron la negativa. 

A su juicio, «aunque se refiera a unas tarjetas» o dispositivos «contratados por la Cámara y que se pagan con dinero público», dar nombres y apellidos «aportaría una información que iría más allá» pues con ellos «no se pretende tanto controlar el gasto de la Cámara o su funcionamiento, sino la decisión personal tomada por cada diputado (...) que pertenece de forma clara al ámbito de su privacidad».

El Congreso, que en su día facilitó a EL MUNDO cifras totales de diputados por grupo parlamentario, considera que «lo relevante son los datos numéricos globales» y «que la identidad de los usuarios o de los que han renunciado no tiene ninguna incidencia pública».

JA JA JA

Con sus resoluciones, el que fuera presidente del Congreso en la última legislatura y el resto de miembros de la Mesa cierran la vía administrativa. "Tiene cojones la cosa"

A partir de este momento sólo un recurso contencioso-administrativo en un juzgado permitiría conocer qué señorías hicieron uso de las tarjetas de taxi, de los dispositivos de comunicaciones o cuánto cobran los asesores y el personal de confianza de los diputados.

El sueldo de los asesores, la Cámara confirma que los asistentes y el resto del personal de confianza son puestos discrecionales para los que «no se exigen requisitos profesionales específicos o una determinada experiencia» y sólo aporta el coste anual presupuestado para pagar a las casi 300 personas contratadas en esa categoría: 7.560.264 euros. 

Añade, además, que esa partida se encuentra al margen de las subvenciones que perciben los grupos parlamentarios para su funcionamiento y que suponen más de 8 millones de euros al año.

Ante la petición de los salarios de cada puesto o del régimen económico que regula esos sueldos, la Mesa apela de nuevo a la Ley de Protección de Datos y concluye que «no procede divulgar» la información «del mismo modo que no es objeto de publicación la retribución de los funcionarios».

La conclusión a la que llegan contradice la de otros parlamentos autonómicos, como el de Navarra o las Cortes de Aragón, que difunden en sus sitios web los nombres y los sueldos del personal eventual o de confianza de los diputados. 

¿Significa eso que los órganos autonómicos incumplen la ley? No. 

La disparidad de interpretaciones tampoco obedece a que los asesores o asistentes de cada Cámara tengan más o menos privacidad según el organismo en el que trabajen. 

El Senado sí responde. 

La separación de poderes deja en manos de cada asamblea legislativa la regulación del derecho de acceso a información pública. De esa manera, una misma solicitud puede resolverse de forma distinta según la voluntad de cada institución a la hora de rendir cuentas.

EL MUNDO envió al Senado peticiones idénticas a las denegadas por el Congreso. La Cámara Alta no puso reparo en identificar a los senadores que disponían de tarjeta para taxis, teléfono móvil o tableta a cargo del erario.

Las respuestas del Congreso -- Personal de confianza de la Mesa

Se nombra a propuesta de cada miembro. El Gabinete y la Secretaría de la Presidencia del Congreso lo componen seis personas. Todos pueden disponer de teléfono móvil a cargo de la Cámara y así lo hicieron en la legislatura pasada. Cada uno de los cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios pueden designar a dos personas (16 en total). Todos tienen derecho a teléfono móvil: trece hicieron uso de él.

Personal eventual a disposición de los diputados

Se asignan 250 asistentes repartidos entre los grupos parlamentarios según los resultados de las elecciones generales. No hay requisitos de formación o experiencia para acceder al puesto. 

Los presidentes de cada Comisión (24 en la última legislatura) tienen derecho a un asistente adicional nombrado a propuesta de cada uno de ellos. 

Cuánto cobra cada uno de los asistentes, asesores y el resto del personal eventual es una incógnita. En total, el Congreso presupuestó algo más de 7,5 millones de euros para sus nóminas.

Tarjeta taxi y coches oficiales

De los 350 diputados, a 10 de marzo de 2016, 299 habían solicitado la tarjeta de taxi con un límite anual de 3.000 euros dentro de la Comunidad de Madrid. Se distribuían así por grupos parlamentarios: 116 del PP, 89 del PSOE, 40 de Ciudadanos, 17 de Podemos y sus confluencias, 14 del Mixto, 9 de ERC, 8 de Democracia i Llibertat y 6 del PNV. Aquellos que tienen derecho a coche oficial también pueden contar con la tarjeta para taxi.

Teléfono móvil, ADSL y tableta

Los diputados que ocuparon escaño en la XI Legislatura tenían derecho a un teléfono móvil y una tableta de gama alta, línea de datos y telefonía y conexión ADSL en su hogar a cargo del Congreso. A 10 de marzo, sólo 5 parlamentarios, todos del PP, renunciaron a la línea telefónica; otros ocho al terminal móvil: 6 populares, uno del Grupo Mixto y otro de Podemos o sus confluencias. 

89 señorías contaron con acceso a internet por ADSL: 52 del PP, 30 del PSOE, 3 del PNV, 3 del Grupo Mixto, y 1 de ERC. Aquellos que no renovaron escaño el 26 de junio tendrán que devolver el dispositivo móvil y la tableta o pagar 1.400 euros para quedarse con ellos.

"A las cucarachas tampoco les gusta la luz" -- 

Es decir, que o terceras elecciones o CUCAL

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es