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Baltasar Montano lo cuenta en Vozpópuli

La representación española pidió a los europarlamentarios que pongan en marcha una investigación que clarifique en qué se basó la decisión del Ejecutivo español de conceder una indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS, la empresa controlada por ACS, tras abandonar el proyecto del almacén de gas subterráneo tras los terremotos.

El Europarlamento mantendrá abiertos dos procesos: investigación del uso de los project bonds del BEI para el Castor y requerimiento de información al Ejecutivo de Rajoy por la indemnización

El Consejo de Ministros aprobó por la vía exprés (decreto) el pago de esta multimillonaria cantidad al grupo de Florentino Pérez en noviembre de 2014 y la Plataforma, en línea con lo que también han denunciado la Generalitat catalana y valenciana, cree que el Gobierno no ha justificado con datos técnicos y una memoria económica ad hoc el abono de esos 1.350 millones de euros.

Según defienden desde la Plataforma, el pago del Castor podría ser “una ayuda de Estado encubierta” concedida por el Gobierno de España a una empresa que necesitaba urgentemente recibir ese dinero para pagar a sus bonistas tras el fracaso del almacén, que ahora está cerrado y en situación de hibernación, controlado por Enagás. HdP

Los portavoces del colectivo de las Terras del Sénia explicaron a los europarlamentarios que no parece justo que los consumidores del gas, a través del recibo, “tengan que estar pagando la mala gestión de un proyecto que desarrollaba una empresa privada por una actividad económica lucrativa” y cuyo coste final, cuando acabe el periodo de 30 años en los que se abonará la ‘hipoteca’ del Castor, se disparará por encima de los 4.700 millones de euros, según un informe que elaboró la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Tras las explicaciones del colectivo, la Comisión de Peticiones del Europarlamento confirmó que mantendrá abiertas las dos peticiones de la Plataforma: de un lado, una investigación sobre el uso de los ‘project bonds’ del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar el Castor; y de otro, la posible apertura de un procedimiento de infracción contra España si se concluye que la indemnización a ACS fue una ayuda de Estado encubierta.

La Plataforma denuncia ante los europarlamentarios que la decisión del Consejo de Ministros de abonar vía exprés los 1.350 millones no está justificada ni técnica ni económicamente 

El primer paso que dará el Europarlamento es enviar un requerimiento de información al Ejecutivo para que aporte todos los informes y documentos, técnicos y económicos, sobre los costes reales del Castor y si éstos justifican la concesión de la multimillonaria indemnización.

Ahora, la patata caliente recae en un Ministerio, el de Industria, que no tiene ministro, ni siquiera en funciones, tras la dimisión de José Manuel Soria por su implicación en los ‘Papeles de Panamá’. 

Su titular, de forma interina, es ahora Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones. Industria es el Ministerio competente para las infraestructuras energéticas y fue bajo el mandato de Soria cuando se suspendió la actividad del Castor tras los terremotos, se decretó el pago de la indemnización y se procedió a la hibernación del almacén.

Si el Parlamento Europeo detecta irregularidades en las dos vías de investigación abiertas podría abrir un expediente sancionador contra el Reino de España.

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es

La Guardia Civil está llevando a cabo una operación en Lloret de Mar contra una empresa dedicada a la recogida de basuras y limpieza de playas vinculada a la familia Pujol. La empresa, GBI-Seveis-SAU, tiene como dueño a Gustavo Buesa, un antiguo socio de Jordi Pujol, el hijo mayor de Jordi Pujol Soler, ex president de la Generalitat de Catalunya, según ha informado este miércoles la Cadena Ser.

Los detenidos, por el momento, son un exsecretario y un interventor del Ayuntamiento de Lloret de Mar, según la televisión pública catalana TV3. Además se están realizando registros en el ayuntamiento de Lloret de Mar y en la sede de la empresa beneficiaria de las adjudicaciones. 

Los contratos se otorgaron en 2011, con el anterior alcalde de Convergència, Xabier Crespo y se han mantenido con el actual equipo cuyo alcalde es también de ese mismo partido (CDC). La Guardia Civil tiene previsto citar a declarar a Crespo por estos contratos.

La investigación se ha iniciado porque se ha detectado que la empresa, GBI-Serveis-SAU, ha ingresado dinero en la fundación Catdem, perteneciente a Convergència. En total se donaron 550.000 euros en tres años (2007,2008 y 2009). Los investigadores determinan que existe una relación directa entre los contratos amañados y el dinero destinado a Catdem.

Además de esta investigación, la Guardia Civil también tiene constancia de dos contratos amañados con carácter de urgencia de una duración indefinida de 10 años. El primer contrato, de tratamiento de residuos es de siete millones de euros y el segundo, con la misma empresa, de 29 millones de euros.

Xabier Crespo, que estuvo también vinculado a la mafia rusa por favorecer sus intereses urbanísticos, fue condenado en 2015 a nueve años de inhabilitación por soborno y prevaricación.

Simultáneamente, el Juzgado de Instrucción nº 2 ed Blanes ha autorizado cuatro diligencias de entradas y registros, habiéndose acordado el bloqueo de cuentas corrientes y el embargo de los bienes inmuebles pertenecientes al grupo GBI-Serveis-SAU.

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El alcalde de Lloret está "150% tranquilo" JA JA JA

En declaraciones a Radiocat, el actual alcalde de Lloret, Jaume Dulsat i Rodríguez, ha dicho sentirse "150% tranquilo" porque las cosas se han hecho como es debido. También ha dicho haber visto en alguna ocasión a Gustavo Buesa, pero ha negado conocer más información: "cuando se firmó el contrato yo no estaba en el Ayuntamiento". JA JA JA

El alcalde ha declarado no tener noticia de las detenciones ni de los registros porque se ha informado a los medios de comunicación antes de que se produjeran. "Ya había alguna cámara antes de que la Guardia Civil llegara, lo que no nos sorprende dado el percal".

"Todavía no sabemos que ha pasado, estamos esperando que llegue el tribunal. Cuando lo haga, buscaremos el expediente en cuestión y se lo daremos". JA JA JA

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es

Carlos Sanchez lo cuenta en El Confidencial

La posible rebaja (o anulación) de la sanción a España por incumplir los objetivos de déficit en 2015 no saldrá gratis. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, lo expresó con nitidez este lunes al comienzo de la reunión de los ministros del euro: “La cuestión es qué van a hacer estos países este año [por España y Portugal] y los próximos para resolver sus problemas fiscales”.

En román paladino, eso quiere decir que Bruselas está dispuesta a rebajar la cuantía de la multa (hasta 2.000 millones de euros y congelación de fondos estructurales) a cambio de nuevos ajustes. O lo que es lo mismo, el próximo Gobierno tendrá que hacer un nuevo programa de consolidación fiscal que resulte creíble para las autoridades comunitarias.

Hasta ahora, el único plan que está sobre la mesa es una nueva senda aprobada por el actual Gobierno que aún no ha recibido el visto bueno oficial de Bruselas. Entre otras cosas, porque el autor es un Ejecutivo en funciones que todavía tiene que ganarse la confianza del Parlamento. Y no está claro que lo vaya a aceptar la UE. Desde luego, no por lo que expresan los números (De Guindos y Montoro prevén que España salga del Protocolo de Déficit Excesivo en 2017), sino por las dudas que genera su cumplimiento.

Hay razones para pensar que el nuevo Gobierno -si no hay terceras elecciones- no estará plenamente operativo hasta el final del verano, lo que significa que en los Presupuestos del Estado para 2017 debería aprobar un duro programa de ajuste, toda vez que 2016 será, con toda probabilidad, un año casi perdido desde el punto de vista del ajuste fiscal.

En los Presupuestos, el Gobierno debería aprobar un duro programa de ajuste, toda vez que 2016 será un año perdido desde el punto de vista del ajuste fiscal

La Comisión Europea y la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) ya han advertido de que este año España tampoco cumplirá la senda pactada con anterioridad, y economistas como José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, han estimado que si en los próximos meses las cuentas públicas siguen por la misma senda que la del año pasado, España terminará 2016 con un déficit que se situará dos décimas por encima del registrado en 2015, cuando el desequilibrio cerró en el 5,1%.

Eso significa que habría que pasar en apenas un año de un déficit del 5,3% del PIB al 2,9% previsto en la última actualización del Programa de Estabilidad entregado por De Guindos, lo que parece un descenso verdaderamente significativo, habida cuenta de lo que ha sucedido en los últimos años. Entre el año 2009, que marca el mayor déficit desde 1959 con un desequilibrio equivalente al 11% del PIB, y el año 2015 (un 5,1%), la diferencia entre ingresos y gastos se ha reducido en 6,1 puntos, lo que supone una media de un punto por año.

Recaudadores de impuestos

Los ingresos pierden dinamismo

Igualmente, entre 2011 y 2015 -los cuatro años de poder del actual Gobierno-, el déficit ha pasado del 9,6% del PIB al 5,1%. Por lo tanto, ha bajado en 4,5 puntos en cuatro años. Ahora, y en un contexto muy distinto, el nuevo Ejecutivo tendría que reducirlo en solo un ejercicio en 2,4 puntos del PIB (unos 24.000 millones de euros), lo que parece a todas luces exagerado.

Entre otras cosas, porque el PP (si Rajoy logra finalmente la investidura) no podrá gobernar con mayoría absoluta, lo que obligaría a sus socios de gobierno a respaldar duros ajustes que no han generado. Algo más que evidente, a la luz de la pérdida de tracción de los ingresos, como aseguraba el último informe de BBVA Research. Los datos confirman “la pérdida de dinamismo de los ingresos públicos”, sostenía su servicio de estudios.

Lo que parece cada vez más claro es que este año España difícilmente podrá cumplir el 3,6% previsto en el Programa de Estabilidad. De hecho, el déficit del Estado se ha situado ya en mayo por encima del previsto para todo el año, mientras que ni la Seguridad Social ni la mayoría de las regiones logran cuadrar sus cuentas.

Así las cosas, no es de extrañar que ayer Dijsselbloem enviara un mensaje que hoy, en el Ecofin, volverá a salir con toda crudeza para España: "Es muy importante la cuestión de qué van a hacer los países este año y los próximos”, y entonces, “será más fácil para la Comisión [Europea] tomar una decisión”. En todo caso, la decisión sobre la multa y la nueva senda fiscal podrían llegar, aunque parece improbable, en la última reunión del colegio de comisarios antes del parón estival, el próximo 27 de julio.

Solo queda la vía del ajuste fiscal. Ya sea aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. O haciendo un 'mix', que es lo que ha hecho el actual Gobierno, pero mal muy mal

Lo que está claro es que la inflación, que en otros momentos ha ayudado a suavizar la cuantía del déficit en relación al PIB, no ayudará en esta ocasión. Como ha reconocido el Gobierno en funciones en la actualización del Programa de Estabilidad, a pesar del impulso de la demanda interna, el ritmo de crecimiento del deflactor del consumo privado se mantendrá en el periodo 2016-2019 por debajo del objetivo de inflación del 2% fijado por el Banco Central Europeo para la zona euro.

Es decir, solo queda la vía del ajuste fiscal. Ya sea aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. O haciendo un 'mix' entre las dos políticas, que es lo que ha hecho el actual Gobierno en los últimos años. Según las previsiones del Gobierno, los ingresos deben situarse en el entorno del 38% del PIB hasta 2020, lo que parece insuficiente para poder alcanzar un déficit del 2,2% en 2018, salvo que el gasto público se reduzca de forma drástica. 

Algo que le tocará decidir al próximo Gobierno.

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es

El cofundador y exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero reivindicó el discurso de Pablo Iglesias sobre "el pasado manchado de cal viva" del expresidente del Gobierno Felipe González para referirse a los GAL, al mismo tiempo que lamentó que la formación morada no haya hablado más de "terrorismo de Estado".

"¿A qué demócrata le molesta que se hable de la cal viva?", apuntó durante una ponencia en los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial, remachando: "Y resulta que no podemos hablar porque podemos perder votos".

Para Monedero, no hablar de la "cal viva" y del "relato histórico" de España es lo que posibilita que perduren "mentiras" y la "impunidad" en política. De hecho, cree que si los españoles "tuvieran claro que hubo terrorismo de Estado", el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, "lo tendría difícil" para conspirar contra líderes independentistas.

Tras los resultados de las elecciones del 26 de junio, en las que la coalición Unidos Podemos perdió más de un millón de votos, Monedero criticó públicamente la campaña electoral de la formación política por "primar el marketing antes que el contenido" y también dijo que fue "un poco desdentada" hacia el PSOE.

Así, durante su discurso, hizo alusión en varias ocasiones al responsable de la campaña y número dos de Podemos, Íñigo Errejón, y advirtió de que "la hipótesis populista" fue "un error" y "no ha funcionado".

En este sentido, defendió que Podemos nació tras el 15M para convertirse en una "alternativa" y no sólo para "sustituir a las élites". Y apostó por "reconducir" el "enfado" de dicho movimiento, ya que "no basta sólo" con representarlo: "Los enfados del 15M tienen que hacer el esfuerzo de traducirse", dijo.

Reinventar Podemos

Así pues, aunque dijo estar "contento" de los resultados electorales de Unidos Podemos, sostiene que el objetivo de tener 71 diputados en el Congreso es "reconvertir" la Cámara.

Asimismo, afirmó que "el reto" es "convertirse en el partido político del siglo XXI" y, para ello, Podemos "tiene que reinventarse en forma de un frente amplio". En esta línea, apuntó que el "sector partitocrático" de Podemos tiene que estar acompañado de la labor de los denominados círculos y de su labor "deliberativa": "Si no lo acompañaba, nos convertíamos en uno más", puntualizó.

Con todo, se mostró seguro de que Iglesias llegará a la Presidencia del Gobierno dentro de cuatro años: "Cualquier cambio en un país tiene que pasar por un profundo bochorno", incidió, precisando que ese bochorno vendrá de la mano del próximo Gobierno.

"Los socialdemócratas de hoy están en Podemos"

Monedero también aseveró que "los socialdemócratas de hoy" están en Podemos, al mismo tiempo que abogó por entender la socialdemocracia y "las palabras" en su contexto: "Cuidado con intentar regresar al pasado con las palabras del presente porque igual eso ya no existe", afirmó, aunque sin referirse directamente al PSOE, partido con el que Unidos Podemos se disputó la ideología socialdemócrata durante la campaña electoral del 26J.

También aprovechó para arremeter contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, quien, a su juicio, durante las negociaciones para formar Gobierno solo "despliega el Marca" y lo "relee" haciendo como si "no hubiera riesgo de una terceras elecciones".

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es

La investigación llevada a cabo sobre los negocios internacionales de los exdiputados del PP, Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, revela que el ex embajador de España en la India sería el cabecilla de la supuesta organización que conformaron. En el sumario del caso que hasta ahora permanecía bajo secreto y que consta de más de 9.000 folios, los investigadores consideran que Arístegui tenía un papel preponderante en la relación comercial entre ambos políticos, usando sus contactos y experiencia para llevar a cabo sus operaciones.

El sumario del caso, tal y como ha adelantado la Cadena Ser, revela que la sociedad conformada por los exdiputados del PP cobró un total de 2.907.938,02 euros entre 2010 y 2015 en concepto de igualas mensuales y "comisiones de éxito" que por regla general se situaban en torno al 3%, por conseguir al menos dos contratos a la empresa Elecnor en Argelia. A parte de los tres millones, a juicio de los investigadores, abonaron supuestamente 1.648.000 euros en sobornos a, al menos, dos generales argelinos y otros funcionarios de ese país para conseguir adjudicaciones. 

Gómez de la Serna y De Arístegui abonaron 1.648.000 € en sobornos a, al menos, dos generales argelinos y otros funcionarios de ese país para conseguir adjudicaciones.

En los documentos se da cuenta además de un contrato inédito firmado por Arístegui y Gómez de la Serna el 28 de diciembre de 2009, por el cual los dos acuerdan iniciar contactos con empresas españolas de distintos ámbitos para la apertura de mercados internacionales, y en el que ambos acuerdan repartirse al 50% de la comisión que obtengan por cada contrato, aunque, señala el sumario recogido por la radio, la cabeza visible fue principalmente la empresa Scardovi, de Gómez de la Serna.

Fuentes de la investigación apuntaron que el político y el diplomático aprovecharon sus contactos y experiencia para hacer su negocio a través de los contratos. En el momento en el que iniciaron su sociedad, el exembajador era parte de la diputación permanente del Congreso, y portavoz de asuntos Exteriores del PP, mientras que Gómez de la Serna carecía de cargo público alguno.

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es