Las grandes fortunas y grandes empresas concentran el 71,8% del fraude fiscal total, un porcentaje que supone una pérdida recaudatoria para el Estado de más de 42.000 millones de euros anuales, según un informe de los técnicos de Hacienda (Gestha).
Mientras tanto, mariano "el maula", escucha llover.
Para frenar esta situación, Gestha propone intensificar la lucha contra el fraude entre estas grandes fortunas y crear un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal -evitando así las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota- con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, aunque el tipo efectivo de este nuevo tributo debería triplicar al del actual impuesto para ser efectivo.
De este modo se podría conseguir una recaudación adicional de 3.400 millones de euros anuales. Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, la puesta en marcha de un Impuesto sobre la Riqueza de carácter estatal «tendría un mayor efecto sobre la recaudación y serviría para evitar la aplicación de nuevos recortes, con los que sólo se añade más presión sobre la economía de las clases medias y trabajadoras». Además, reclama una reorganización de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) para que dedicara más esfuerzo a perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar al 80% de los recursos a lo más fácil que es investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados, además de adoptar medidas para ejercer un mayor control de la eficiencia del gasto público.
Otra de las más llamativas conclusiones del informe «La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre», presentado en el marco del XIII Congreso Anual de Gestha, celebrado en Granada, es que el 20% de los contribuyentes españoles más ricos acapara el 44% de todos los ingresos declarados en 2012, según Este dato contrasta con las rentas declaradas por el 80% restante que, pese a ser un número de contribuyentes cuatro veces superior, apenas acumuló el 56% de los ingresos, lo que, según Gestha, pone de manifiesto la existencia de un alto nivel de desigualdad social y económica.
A esto se suma que el 20% de los declarantes "más pobres" solo represente el 6,6% de los ingresos totales. De hecho, según el índice de Gini, que sirve para medir si la riqueza está bien repartida o no -siendo cero el valor más equitativo y 1 el más desigual-, el registro español se sitúa en un 0,32, lo que supone un nivel elevado para un país como España, que teóricamente se encuentra entre los países más desarrollados. No obstante, este coeficiente varía sustancialmente en función de las distintas comunidades autónomas analizadas, siendo Madrid y Cataluña las que presentan mayores brechas de desigualdad al concentrar el mayor número de grandes fortunas.
Además, los Técnicos destacan cómo esta brecha se ha abierto más en los últimos años como consecuencia de la crisis, ya que en 2007 el índice de Gini se situaba en el 0,28, aumentando un 10,8% hasta 2012. En este intervalo, fueron los años 2009 y 2010 los «más dramáticos» al incrementarse en casi dos millones el número de parados y al deteriorarse con mayor intensidad la economía española, que llegó a retroceder un 3,7%, dejando las cuentas públicas al borde del colapso.
En paralelo, este aumento de la diferencia entre los contribuyentes más ricos y la gran mayoría de los asalariados no sólo se ha convertido en una sensación generalizada a causa de la crisis, sino que también se ha traducido en una realidad a pie de calle, con un aumento espectacular de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Así, desde que se inició la crisis a finales de 2007, algo más de dos millones de personas han pasado a vivir por debajo de este umbral, hasta los 9,3 millones, lo que supone un 28,8% más. Sin embargo, el informe evidencia sustanciales diferencias entre comunidades, siendo Navarra, Madrid y Cataluña aquellas donde más avanzó la desigualdad.
En cambio, la desigualdad se redujo o se mantuvo estable en Castilla y León (-16,4%), Extremadura (-8%) y Galicia (+1%). Según Gestha, esto se debe a que son autonomías en las que la densidad de grandes patrimonios es mucho menor, lo cual no crea una situación de disparidad con el resto de los asalariados, que ganan rentas mucho más modestas. En una posición intermedia se encuentran los ciudadanos de Asturias, La Rioja, Castilla y León y Baleares, que cuentan con unas cifras de desigualdad por debajo de la media aunque, según Gestha, esta brecha entre «ricos y pobres» podría incrementarse si no se adoptan medidas contundentes para contenerla.
El informe de la UDEF sobre los pagos en negro por parte del PP salpica a cinco trabajadores de la sede nacional
Dice carlos herrera en Onda Cero, que la culpa del dinero negro la tienen los fontaneros. "Tiene pelotas la cosa".
La Policía relaciona directamente con las polémicas obras de remodelación de Génova 13 a otros cuatro nuevos trabajadores del partido, además de a Bárcenas. Uno de ellos ya ha sido imputado y un segundo, citado como testigo. Las acusaciones estudian pedir la comparecencia de los otros dos.
SOBRE EL AUTOR
Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta ya no son los únicos miembros del PP directamente implicados en el sumario sobre la supuesta contabilidad B del PP. El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía recoge la identidad de otros cuatro trabajadores de Génova 13 que, supuestamente, tuvieron algún tipo de participación directa en la gestión de las obras en la sede que el juez Pablo Ruz investiga por la sospecha de que fueron pagadas en parte con dinero negro. A los dos extesoreros de la formación se ha sumado ahora como imputado el que fuera gerente del partido, Cristóbal Páez, y ya ha sido citado a declarar como testigo por segunda vez el hasta hace poco máximo responsable de la seguridad de la formación, Antonio de la Fuente, cuñado del propio Bárcenas. A ellos hay que añadir ahora a Javier Barrero y César Macías, trabajadores del partido que supuestamente participaron en reuniones con responsables del estudio de arquitectura que hizo la polémica remodelación. Éstos últimos aún no han sido llamados por el magistrado, pero fuentes de la acusación no descartan pedir su comparecencia.
Álvaro Lapuerta no aparece mencionado en el informe policial y de Bárcenas asegura que tuvo una participación "mínima". El gran damnificado es Cristóbal Paéz, que de testigo ha pasado a ser imputado
El informe policial no menciona, de hecho, a Álvaro Lapuerta, el octogenario dirigente del partido que estuvo al frente de la tesorería hasta el congreso de 2008. Aunque las obras en la sede del partido se iniciaron cuando él aún ocupaba el cargo, las facturas que han despertado las sospechas de los agentes y del juez están fechadas precisamente aquel año, que es cuando los apuntes contables de Bárcenas recogen la supuesta entrega de 888.000 euros en dinero negro procedentes de donaciones irregulares a Gonzalo Urquijo, el propietario de Unifica Soluciones Integrales SL, la empresa encargada de la reforma. El delicado estado de salud de Lapuerta, al que se acogió en su última comparencia en la Audiencia Nacional para no declarar, ha impedido saber, sin embargo, sí conocía la presunta relación entre otra entrega de dinero al empresario realizada en 2006 de 184.000 euros y los trabajos de remodelación. No obstante, él ha negado hasta ahora la existencia de una caja B en Génova 13.
Sobre Luis Bárcenas sí hay menciones directas, aunque la UDEF minimiza su intervención en las decisiones relacionadas con la remodelación de la sede. De hecho, destaca que sólo se habla de él en unos pocos papeles intervenidos durante el registro de la sede de la empresa Unifica. "No obstante, su nombre sí figura en uno de los documentos de mayor interés encontrados, señalándolo como la persona que entregó la cantidad de 200.000 euros" a Gonzalo Urquijo. Además, existe un correo electrónico recuperado del despacho del propio arquitecto y fechado en julio de 2008 en el que el entonces gerente del PP y mano derecha de Bárcenas, Cristóbal Paez, aseguraba que el encargado del control de los pagos por las obras era el político ahora encarcelado y que si el empresario queria cobrar alguna cantidad a cuenta, debía hablarlo directamente con él.
Páez, "primordial"
El principal afectado por el último informe de la Policía es, precisamente, Paéz, exgerente del PP y la persona del partido que aparece mencionado en casi todas los documentos que han aparecido relacionados con la remodelación, incluidas las actas de recepción de las obras. Paéz, alejado actualmente del partido tras ser despedido, ya declaró el pasado verano ante el juez Ruz, aunque como testigo, en una comparecencia en la que reconoció que dos apuntes de los papeles de Bárcenas en los que figuraba su nombre eran reales. También dio detalles de cómo el extesorero sacó del partido documentos contables tras estallar el 'caso Gürtel' ante el temor de que la Policía acudiera a registrar Génova. Ahora tendrá que volver a la Audiencia Nacional, aunque en este caso como imputado por su supuesta implicación en los pagos con dinero negro.
Uno de los asistentes a las reuniones con la empresa que hizo la remodelación fue el cuñado de Bárcenas, que entonces era el jefe de seguridad. Ya había comparecido en septiembre ante el magistrado
Según destaca la UDEF, Páez participó en las reuniones con los representantes de Unifica en las que se hacía seguimiento de las obras. En las actas de las misma era identificado con sus iniciales, "CP". Además, el documento policial destaca que tuvo una "participación activa en las decisiones de la reformas" como destacan estas notas, así como el detalle de que algunos presupuestos iban dirigidos a él directamente. Los agentes, incluso, creen haber identificado su firma en algunos de sus documentos, aunque en otros no han podido certificar que sea el autor de las rúbricas que aparecen en ellos. Por todo ello, el informe destaca que "el papel de Cristóbal Páez en este proyecto es primordial".
Una situación parecida es la que se ha planteado con Antonio de la Fuente, que fuera jefe de seguridad del PP hasta hace poco, cargo al que accedió de la mano de su cuñado Luis Bárcenas. Su nombre aparece sobre todo en las actas de seguimiento elaboradas de las reuniones que representantes del partido mantuvieron con Urquijo y varios empleados de Unifica. En ellas figura como una persona que también toma decisiones, destaca la UDEF. El nombre de Antonio de la Fuente también aparece en algunos presupuestos como la persona de contacto dentro de Génova 13, así como en varios correos electrónicos intervenidos en la sede del estudio de arquitectura. El exjefe de seguridad ya compareció ante el juez Ruz el pasado septiembre también como testigo, cuando dio muestra de tener mala memoria ya que no recordó la mayor parte de los detalles por los que le preguntaron. Sí admitió que fue él quien había firmado el informe que se había remitido al Juzgado para justificar la destrucción de las imágenes de las cámaras de seguridad de la sede, aunque ya entonces él estaba en su casa apartado de sus funciones dentro del partido por el escándalo en el que se había visto envuelto su familiar.
Otro 'conocido' del juez
De los dos últimos trabajadores mencionados en el informe policial, uno no es un desconocido para el juez Ruz. Se trata de Javier Barrero, al que el documento de la UDEF cita como asistente a algunas de las reuniones entre miembros del PP y de la empresa de remodelación para el seguimiento de las obras. Barrero fue mencionado por el magistrado en un auto del pasado 19 de septiembre como "la persona responsable de los servicios informáticos del Partido Popular en el periodo en el que Luis Bárcenas Gutiérrez fue gerente y tesorero de esta formación política. Intervino, además, en el 'volcado' o trasvase de los datos contenidos en el ordenador marca Toshiba al ordenador marca Apple" que manejaba el político ahora encarcelado. Este dato hizo que fuera una de las tres personas contra la que una de las acusaciones del 'caso Bárcenas' presentó una querella en los Juzgados de Plaza Castilla acusándole de destrucción de pruebas por su supuesta participación en el borrado de los discos duros de los equipos del extesorero. Los otros dos fueron De la Fuente y la secretaria del extesorero. Barrero siempre lo ha negado y ha recalcado públicamente que él dejó de ocupar dicho puesto en febrero de 2011, mucho antes de que estallara el escándalo. Ahora, el juez Ruz no ha pedido que comparezca ante él.
Tampoco lo ha hecho con César Macías, un empleado del PP cuyo puesto dentro de la formación no es especificada por el informe policial, aunque de él destaca que también participó en las reuniones en las que se hacía un seguimiento de las obras de remodelación de Génova 13. Además, entre el material informático analizado -una mínima parte del incautado en la sede de la empresa Unifica- han aparecido varios correos electrónicos entre una de las empleadas del estudio de arquitectura y él, "todos ellos en relación a los trabajos y problemas en las obras". Por ahora, el juez no le ha citado para que comparezca. Las acusaciones no descartan hacerlo para recabar más datos sobre los supuestos pagos en dinero negro de las obras de la sede del PP en la que trabajaba.
La delincuencia organizada en España, tiene nombre: PSOE, PP, IU, CIU, PNV... Podia seguir con nombres propios: rouco varela, Botin, candido méndez, florentino perez...Se lo dejo a Torres-Pumpido. ja ja ja
Necesitamos una revolución. Lo que no sé es si pacifica o no.
Si votamos los legitimamos. No votar o votar en blanco.
Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es
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