"EL CURBELO"-"MISTERx"-"RUGALCABA", "EL CAFELITOS"

DESDE LA COCINA

Lo que está suficientemente claro es que lo del socialista Curbelo es una banda organizada, naturalmente bajo la protección de la pesoe S.A.

El Curbelo exigió a una empresa 900.000 euros para autorizar obras en La Gomera

Enrique Morales se lo sabe

Directivos vinculados al proyecto y un testigo admiten que les pidieron dinero para El Papi. El Cabildo frenó la construcción de un muro en la Travesía de Hermigua. "Ante la negativa, nos reclamaron 300.000 más"

Las diligencias de la Guardia Civil y el informe de la Fiscalía –que recogen la investigación, dentro de la operación Telaraña, del entorno familiar y político del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo– evidencian un nuevo indicio de cohecho por parte del ex senador en las obras de la Travesía Hermigua.

El alto cargo socialista pudo exigir hasta 900.000 euros a una empresa constructora, que estaba subcontratada por una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte Sacyr, para no frenar las obras –un muro ecológico– que estaba llevando a cabo en la localidad de Hermigua, al Norte de La Gomera, y que suponía una inversión de seis millones de euros.

Según el entorno de la citada empresa, Enrique Amaya, íntimo amigo de Curbelo, al que incluso invitó a su boda, les exigió "900.000 euros para El Papi" –apelativo cariñoso que utilizan para referirse al ex senador sus allegados–.

Tras negarse al pago de la comisión, Amaya les dijo que desde ese momento la cantidad a abonar, si querían seguir trabajando en la isla, sería 1,2 millones de euros y "que no era ni la primera ni la última empresa que cerraban".

Después de esa conversación, y según la misma fuente, la empresa, líder en muros prefabricados de hormigón y piedras naturales, tuvo que abandonar el proyecto de Hermigua, fundamentalmente por las objeciones del Cabildo.

En las diligencias policiales, que recogen múltiples declaraciones y llamadas de imputados y testigos y diversos documentos, se asegura que "parece que –a la vista de las noticias de la Prensa– quien no estaba de acuerdo con la solución técnica de construcción era únicamente el Cabildo de La Gomera, que abogaba por los muros tradicionales, porque con ellos se conseguían más puestos para obreros de la isla". Sin embargo, las otras partes implicadas en el proyecto (el Gobierno canario y la contratista) "coincidían en que la instalación de muros ecológicos era más rentable desde el punto de vista económico, de tiempo y de recursos naturales", asegura el informe policial.

Lo cierto es que a día de hoy esas obras siguen sin terminarse –con el muro ecológico se ahorra un tercio de tiempo– y el presupuesto de las mismas prácticamente se ha duplicado.

Además del testimonio directo recogido por LA GACETA, en el que se cifra la comisión exigida por Curbelo, un testigo protegido aporta a la Guardia Civil una versión muy parecida y el gerente de la UTE adjudicataria, Carlos Martínez Almeida, asegura "que los muros ecológicos no se instalaron a raíz de peleas entre el Cabildo y la Consejería de Obras Públicas de Canarias" y que "era conocedor por un empleado de la subcontrata que iba a realizar los muros de geomallas y placas de piedra natural de la petición de dinero efectuada por el presidente del Cabildo Insular".El informe policial concluye que hubo al menos una llamada telefónica entre Enrique Amaya y el testigo protegido y que, "aunque es cierto que en la comunicación Enrique no se implicó directamente en ningún delito, sí quedó claro que existía una relación entre ambos vinculada a la obra de Hermigua". También se determinó que entre Amaya y Curbelo hubo contactos telefónicos.

A raíz de las informaciones publicadas por LA GACETA, que parten de documentos de la Fiscalía y de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, y de las actuaciones llevadas a cabo por el juez Álvaro Rodríguez Bernaldo de Quirós, el PP ha pedido la "inmediata dimisión del actual presidente del Cabildo por todas sus responsabilidades públicas, tras las noticias que apuntaban a un presunto enriquecimiento personal y prácticas delictivas".

,Mientras los socialistas canarios, que hace unos días parecían ignorar la investigación directa del juez al ex senador tras la pérdida de su aforamiento y se referían a las diligencias de mayo de la Guardia Civil como antiguas, admiten ahora que existe la citada investigación, pero se obstinan, pese a las evidencias, en que Curbelo permanezca en sus cargos mientras no acabe el proceso.

Por su parte, Coalición Canaria ha pedido transparencia al alto cargo socialista por los "graves delitos" por los que se le investiga. Asimismo, desde la formación Centro Canario Nacionalista, Pedro Medina ha reclamado más medios para la Fiscalía y el juzgado que rastrea el patrimonio de Curbelo con el fin de que se agilice la investigación contra el ex senador y otros responsables políticos de las islas. Además, ha señalado que, "si la Justicia imputa a un cargo público –ya sea por averiguaciones de oficio o por denuncias sobre corrupción– éste debería dimitir inmediatamente".

Nos tenemos que quitar de encima a toda esta banda de maleantes que actuan bajo el nombre de pesoe S.A.

Son una banda organizada.

Espero que mariano a partir del dia 21N, investigue las fortunas sobrevenidas, sean de la pesoe S.A o del pp S.L.

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es