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Esta mañana estaba previsto que se celebrarse el juicio en el que debe comparecer el Inspector Jefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo H. A. , tras haber sido acusado, junto a otras nueve personas, de presuntos delitos relativos a la prostitución, la explotación sexual y la corrupción de menores sobre una joven de 17 años de edad.

La Fiscalía pide penas de dos años de prisión y multa de 4.500 euros para cada una de las personas procesadas.

La polémica ha rodeado a este caso desde que se conoció a principios de abril. El propio jefe de la Policía Local aseguraba que se trataba de una “denuncia falsa” y de “un montaje”. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puente Genil, gobernado por el PSOE, lo ha mantenido en el cargo apelando a la "presunción de inocencia".

Entre los grupos de la oposición no han compartido la decisión adoptada por el PSOE, que finalmente, abrió un expediente de información reservada. ¡¡Tápalo tápalo!! ja ja ja

Según recoge la calificación del Ministerio Público, desde abril de 2011 la menor se alojaba en el domicilio de las dos mujeres que supuestamente la “presionaban” para prostituirse, de manera que una de ellas se encargaba de proporcionarle clientes a la joven “ a cambio de dinero”. En concreto, contactaba con los interesados mediante redes sociales y “chat”, haciéndose pasar por la menor.

Al respecto, la Fiscalía considera "que la joven mantuvo relaciones con al menos ocho hombres, entre ellos el inspector jefe de Policía Local, que sabían que se trataba de una menor porque ella misma lo decía en las citas".

Así se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena Ser que añade que las cifras superan con mucho a las de la trama Gürtel en Valencia, que logró alrededor de 16 millones de euros.

Las administraciones gobernadas por el PP le concedías los contratos en concursos amañados y, a cambio, Vedri pagaba una mordida al partido que solía ser del 3% de cada concesión, aunque también podía superar ese porcentaje.

El procedimiento, según explica la SER, era el siguiente:

La mayoría de las contrataciones se hacían por el procedimiento negociado sin publicidad. El Consell invitaba a tres empresas y todas ellas eran siempre de José Adolfo Vedri.

El otro método utilizado para evitar el concurso público era el procedimiento de urgencia, que permitía la adjudicación a dedo.

Curiosamente en muchos de los casos en los que se utilizaba este procedimiento no existía tal urgencia ya que se trataba de campañas de publicidad previsibles desde hacía meses, como en el caso de la campaña de la gripe de 2010, concedida a Vedri por un importe de 731.555,54 euros, o en campañas de prevención de incendios o publicidad del Servici Valenciano de Empleo, de entre 780.000 y 900.000 euros.

El juzgado de Valencia, que investiga el caso, cree que Vedri actuaba como finaciador del PP de Valencia, que también presidía Camps.

La trama, en la que además de Francisco Camps aparecen Alfonso Rus, Máximo Caturla o Gerardo Camps, disponía de hasta 5 cajas B, que se nutrían con el dinero de empresarios que, a cambio, lograban adjudicaciones públicas. En la causa que investiga el juzgado número 18 de Valencia hay más de 60 imputados por cohecho, blanqueo y malversación, entre otros delitos.

¡¡Y por último!! La negociación entre los comunistas de Podemos e IU - a ésta hora - está rota.

Lo intentaran mañana. El problema es,  "ver quien mea mas lejos" ja ja ja

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es