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DESDE LA COCINA

Los parlamentarios autonomicos entre lo que cobran y lo que roban nos tienen en la puta ruina

Los parlamentos y las televisiones autonómicas nos cuestan 1.600 millones

Reconozco que tanta cifra y tanto dato, hace el articulo algo árido. Pero son los datos oficiales, merece la pena conocerlos. Al final tendremos que sumar, como minimo un 50%

A continuación un estudio muy serio sobre las 17 republicas fecales, los mas de 8000 ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos y la madre que los parió a todos

ENRIQUE MORALES Y GUILLERMO MORENO han hecho un buen trabajo en La Gaceta

La supresión de los 17 Parlamentos autonómicos y de las 13 televisiones regionales supondría un ahorro para las arcas públicas cercano a los 1.600 millones de euros.

Esta cantidad podría incrementarse en más de 100 millones si a este recorte unimos la eliminación de organismos duplicados, como las cámaras de cuentas, los consejos económicos y sociales y los consejos consultivos, presentes en la mayoría de las comunidades. La cifra de 1.700 millones es sólo ligeramente inferior al presupuesto del Gobierno de Cantabria para 2012.

Opción de Aguirre

Hace unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, apuntaba que no será posible salir de la crisis si no se recortan drásticamente los gastos, especialmente los superfluos y los provenientes de las duplicidades que genera el Estado autonómico.

Aguirre aseguraba que es necesario reducir al máximo el actual modelo autonómico, hasta el extremo de suprimir los Parlamentos autonómicos, con el fin último de reducir gastos.

"Si de todo lo que hacemos, unas competencias fueran para arriba, al Estado, y otras hacia abajo, a los ayuntamientos, podríamos prescindir de muchos altos cargos, Parlamentos regionales, políticos, asesores, conductores, secretarias, jefes de protocolo y se podrían ahorrar 48.000 millones de euros", afirmaba la presidenta regional.

Alto coste

El mantenimiento de las 17 Cámaras autonómicas y de sus 1.218 diputados cuesta anualmente 383,8 millones, casi el triple del presupuesto que se destina al Congreso de los Diputados y al Senado. Las principales partidas, más de un tercio, van a los sueldos de los legisladores y también a los funcionarios que trabajan en los hemiciclos. Así, la Cámara andaluza dispone de un presupuesto anual de 46,7 millones de euros, de los que 18 millones van a pagar nóminas.
La Cámara regional que mayor presupuesto ha recibido para este ejercicio es el Parlament catalán, que cuenta con 135 diputados, y que goza de un presupuesto superior a 59 millones de euros.

Los dos siguientes Parlamentos con mayor coste son el andaluz y, a mucha distancia, la Asamblea de Madrid, que cuenta con 129 escaños y unas partidas para su mantenimiento de 30 millones de euros. La Cámara madrileña con tan sólo seis diputados menos que la de Barcelona gasta la mitad.

Esto indica que es posible ahorrar incluso sin hacer desaparecer totalmente las cámaras, ajustando al máximo el gasto en la línea de lo planteado por la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que eliminando el Defensor del Pueblo en su comunidad recortará el presupuesto de su Cámara en un 20%, casi tres millones de euros.

Medios públicos

Como prometió el Partido Popular en su programa electoral, en el último Consejo de Ministros el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó el proyecto de ley que permite que las comunidades autónomas decidan si mantienen sus costosas televisiones públicas o no. Si la Administración autonómica decide no eliminarlas, tiene dos posibilidades: seguir afrontando el importante gasto que conllevan, o privatizarlas.

Las 13 televisiones autonómicas que operan en el territorio nacional suponen un coste total de 1.200 millones de euros de dinero público para el año 2012. Esta cifra en 2011 superó los 1.600 millones, pero la grave crisis que atraviesan ha motivado que todas recorten sus presupuestos. La media del tijeretazo que han sufrido oscila entre un 15% y un 20%.

La deuda total de estas televisiones regionales supera los 2.000 millones de euros, pese a que reciben subvenciones por 1.900 millones de euros al año. Para hacernos idea del enorme coste que han tenido estos entes públicos, la Radio Televisión Pública de Andalucía, que cuenta con tres televisiones y cuatro emisoras de radio, ha recibido una inversión de la Junta de Andalucía de más de 3.000 millones de euros.

Dadas las deficitarias cifras que presentan, los distintos entes están pasando por su etapa más conflictiva, con cierre de canales, expedientes de regulación de empleo, despidos entre sus trabajadores y la renuncia a derechos deportivos que les suponían unos gastos extraordinarios.

Caída de ingresos

La única manera posible de sobrevivir de los entes públicos es recortando el presupuesto, apurando los gastos y ajustando las plantillas. La caída de ingresos publicitarios ha sido la principal causante de esta dramática situación, que ha motivado que con la llegada al Gobierno del Partido Popular se haya tomado la importante decisión de poder privatizar unas cadenas que lo único que hacen es engordar el déficit de las distintas comunidades que las soportan.
El presupuesto de Radio Televisión Española para 2012 es de 1.000 millones de euros, 200 menos que el año anterior. Esta cifra prácticamente equivale a la suma total de los presupuestos de las 13 principales cadenas regionales. Las televisiones autonómicas con más presupuesto para este año son las seis cadenas catalanas de TV3, las tres de Telemadrid y las cinco vascas de ETB; con 260, 169 y 137 millones de euros, respectivamente.

Reducir el número de ayuntamientos a 2.000 ahorraría 10.000 millones

Entre las medidas que propone la Fundación Ciudadanía y Valores se encuentra la eliminación de organismos regionales y la reducción de los diputados autonómicos

La Fundación Ciudadanía y Valores propone que España tenga en 2013 un nuevo mapa municipal resultante de la agrupación de ayuntamientos para prestar servicios de más calidad a los ciudadanos y ahorrar recursos públicos. El objetivo es pasar de los más de 8.000 actuales hasta unos 2.000, cada uno de ellos con un mínimo de 10.000 habitantes.

Esta idea está recogida en un informe elaborado por la Fundación, y recogido por Europa Press, para la racionalización del Estado autonómico. Entre las medidas también propone eliminar organismos de las comunidades, reducir el número de diputados de los parlamentos autonómicos o redefinir el papel de las Diputaciones, entre otras.

A su juicio, el proceso de descentralización del Estado puesto en marcha hace más de 30 años ha tenido consecuencias "indudablemente positivas" pero también ha generado "graves problemas", ante lo que consideran que la respuesta definitiva a esta "problemática" de la organización territorial pasa por la reforma de la Constitución para fijar el número de comunidades autónomas y sus competencias.

Sin embargo, mientras esta reforma constitucional no sea posible, el informe propone una serie de medidas que no requieren cambios de la Carta Magna, debido a que la racionalización del Estado autonómico "es también un requisito para que España salga de la crisis".

Una de estas propuestas consiste en agrupar municipios y recuerda que en 2010 Grecia ya pasó de 1.034 ayuntamientos a 355, lo que permitió una reducción de gasto de 1.185 millones de euros anuales. Traducido a España, calcula que permitiría ahorrar unos 10.000 millones de euros.

El informe propone reconvertir el mapa municipal para reestructurarlo en unos 2.000 ayuntamientos que se identifiquen con comarcas geográficas y un mínimo de 10.000 habitantes, aunque con "flexibilidad" para aumentar o disminuir esta cifra en función de las especificidades de cada zona.

A su juicio, esta reordenación del territorio permitiría la aparición de estructuras municipales más eficientes, con disminución de los cargos públicos y favorecería también la fusión de empresas públicas locales, con una disminución del gasto público en general. "Prestar unos servicios públicos de calidad, lo que no puede lograrse con el minifundismo local actual, tan costoso como ineficiente", fija como otro de los objetivos.

Para conseguir esto sería necesario un pacto político de amplia mayoría en las Cortes Generales y, aunque reconoce que suscitaría reticencias importantes en los ayuntamientos más pequeños, sostiene que "el interés general debe imponerse sobre un particularismo que se traduce en una administración local costosa e ineficiente a la hora de prestar los servicios públicos".

Siguiendo con el objetivo de racionalizar el Estado autonómico, la Fundación propone limitar su dimensión institucional y poner freno al "indisimulado intento de articular a nivel regional un sistema político similar al que se configura en el Estado". En concreto se refiere a órganos como los defensores del pueblo o los consejos consultivos, que asegura que están "excesivamente politizados" y, pese a su "escasa funcionalidad", tienen un "alto coste" en dietas y personal y, en muchos casos, superponen sus actividades a las que ya realizan otros miembros de la administración pública.

El documento también arremete contra la "paradiplomacia" generada por las autonomías en el exterior con "costosas sedes" que prestan servicios que ya cubre el Estado. Para remediarlo, la propuesta es perfeccionar el modelo de las conferencias sectoriales y profundizar en el principio de cooperación y lealtad institucional.

Sólo dietas

Pero además, contempla una reforma de los parlamentos autonómicos basado en la idea de reducir a sus miembros y, además, desprofesionalizar el cargo de manera que los diputados puedan compatibilizar su función con el desempeño de su profesión y percibir por la labor política tan sólo una compensación mediante dietas.

Con estas medidas se conseguiría reducir "la peligrosa distancia" que se ha abiertos entre políticos y ciudadanos, además del ahorro económico y "evitar la consolidación de una suerte de casta de profesionales de la política autonómica", fomentando la participación en ella de "personas cualificadas y competentes".

El informe denuncia una "hiperinflación legislativa autonómica" debido a que se aprueban "infinidad" de leyes en las comunidades autónomas "en muchos casos inútiles" y que "no resuelven problema real alguno". "Este exceso de legislación tiene su origen, indiscutiblemente, en la existencia de unas asambleas legislativas autonómicas conformadas por unos diputados que tienen que justificar su dedicación exclusiva", denuncia.

Para racionalizar la estructura del Estado también propone abordar la redefinición institucional de las Diputaciones Provinciales y privatizar las televisiones autonómicas. Precisamente este viernes, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un proyecto de ley que permitirá a los gobiernos autonómicos privatizar las televisiones públicas regionales pero que les da la opción de quedarse con la gestión, aunque en este caso, estarán obligados a no tener déficit.
LOCALISMO, ELEMENTO PERVERSO

La Fundación Ciudadanía y Valores también aborda el mapa universitario español y propone una reordenación, ya que en los últimos años se ha dado "predominancia" de la cantidad frente a la calidad. "El localismo ha sido un elemento especialmente perverso", advierte.

Además, reclama el control del déficit de comunidades autónomas y entidades locales y reforzar la unidad del mercado "como garantía del crecimiento económico y la cohesión social".

Otra de sus propuestas aborda la no discriminación por razones lingüísticas en el ámbito de la administración y la enseñanza, ya que señala que en algunas comunidades se ha desarrollado "un cierto proceso de discriminación" por razón del idioma y "se ha pasado de una situación prohibicionista en materia de uso de lenguas regionales a una situación en la que el castellano es discriminado tanto en el ámbito de la enseñanza como en el acceso a puestos de trabajo autonómicos y locales".

Un Estado no puede depender de 17

Todas estas propuestas culminan con la idea de aprobar una Ley General de Cooperación para garantizar los principios de cooperación y solidaridad, "causa de muchas disfunciones en el Estado autonómico" y desde la convicción de que "sin el recurso al principio de cooperación ningún Estado compuesto resulta viable".

"Los procedimientos bilaterales de cooperación previstos en los estatutos deben ocupar un lugar muy residual. Y ello porque un Estado no puede funcionar mediante la yuxtaposición de diecisiete modelos de cooperación bilateral", concluye.

El estudio ha sido coordinado por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Javier Tajadura y participan los docentes Jesús Avenzuela, Miguel Córdoba, Josu de Miguel y José María Román.

¡Mariano!, cuantas mas vueltas le dés a la ruina, mas nos hundiremos.

Mariano es mas zapatero.

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es