DESDE LA COCINA
¿Es verdad o es mentira lo de los 300.000 euracos?. ¡VERDAD!.
Entonces que coño quieres.
La esposa de Baltasar Garzón, Rosario Molina, ha presentado una denuncia contra El Confidencial por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, a raíz de la noticia publicada por este diario el pasado 3 de febrero, en la que se informaba de que Molina ingresó 300.000 euros en una cuenta corriente de la que ella era titular un mes después de que el juez llegase a EEUU para una estancia académica de 15 meses en la Universidad de Nueva York, que fue financiada con fondos procedentes de al menos cinco grandes empresas españolas.
El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, instructor de la
causa abierta contra Garzón por cohecho y prevaricación a raíz de los cobros de Nueva York, ordenó en septiembre de 2010 a la Guardia Civil que investigase las cuentas bancarias del juez para aclarar "cuánto, cuándo, cómo y quién" financió sus actividades académicas durante el permiso por estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de junio de 2006.
Las pesquisas de la Guardia Civil se plasmaron tres meses más tarde en un informe elaborado por la Brigada de Delincuencia Económica y posteriormente remitido a Marchena. En ese informe, a cuyo contenido tuvo acceso El Confidencial, se aseguraba que la mujer de Garzón ingresó el 6 de abril de 2005 la cantidad de 317.130 euros en una cuenta corriente abierta a su nombre en la sucursal de Caja Madrid situada en la calle de Severo Ochoa de la localidad madrileña de Las Rozas.
La denuncia presentada por Molina en los juzgados de Pozuelo de Alarcón (Madrid) atribuye a Titania Compañía Editorial, empresa editora de El Confidencial, y al autor de la noticia la comisión de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, castigado con penas de uno a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
"Datos reservados"
La esposa de Garzón argumenta que Marchena, en el auto en el que éste ordenaba a la Guardia Civil que investigase las cuentas del juez, alude al "carácter reservado de la información que se interesa". Y sostiene que el informe elaborado por la Brigada de Delincuencia Económica "incluía datos reservados sobre titularidad e identificación de cuentas corrientes del investigado y su familia" sobre los que el magistrado del Supremo "había expresamente hecho constar el carácter reservado de los mismos por la afectación de intereses particulares y su protección constitucional".
El auto de Marchena, en efecto, dice que "el conocimiento de los datos bancarios y fiscales del imputado [Garzón] supone el sacrificio de su derecho a la intimidad en la medida en que (...) los datos relativos a la situación económica de una persona, y entre ellos los que tienen su reflejo en las distintas operaciones bancarias en las que figura como titular, entran dentro de la intimidad constitucionalmente protegida". Pero añade a continuación: "Sin embargo, la propia jurisprudencia enseña que los derechos fundamentales no son ilimitados, y su sacrificio mediante resolución jurisdiccional puede estar plenamente justificado cuando el levantamiento de las barreras de protección venga impuesto por la necesidad de alcanzar otros fines constitucionalmente legítimos en cualquier sociedad democrática".
Molina añade en su denuncia que El Confidencial publicó la información sobre el ingreso de 300.000 euros en una de sus cuentas bancarias "con un evidente ánimo de revelar públicamente elementos que corresponden a la esfera íntima de su privacidad".
No parece muy razonable, que un juez se haga inmensamente rico desde su juzgado.
A no ser que emplee las tacticas de pascual estivil.
Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es
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